El proyecto de una posible “Ley Anti-Shein” empieza a tomar fuerza en el ámbito político argentino. La propuesta, impulsada por la Cámara Argentina de la Indumentaria (CIAI) en conjunto con sus pares de Brasil y México, pretende imponer mayores regulaciones a la importación de indumentaria desde plataformas internacionales como Shein y Temu.
El borrador contempla la aplicación de certificados de origen, controles ambientales, límites de toxicidad, nuevos aranceles e impuestos, inspirándose en la normativa recientemente aprobada en Francia. La medida apunta a equiparar las condiciones entre la producción local y los gigantes del ultra fast-fashion, que hoy dominan el consumo: más del 70% de la ropa vendida en el país es importada.
La preocupación del sector no es menor: en el segundo trimestre de 2025, la mitad de las empresas textiles registró caídas en sus ventas —con un promedio de -7%— y, en los últimos dos años, 8 de cada 10 sufrieron una contracción promedio del 30%.
Pese a la presión empresarial, el Gobierno se mostró crítico. El diputado José Luis Espert descalificó a los impulsores de la norma, llamándolos “empresaurios impresentables”, y advirtió que los consumidores deben poder acceder a precios más bajos sin trabas artificiales. A su vez, el vocero presidencial Manuel Adorni exhibió comparaciones de precios dentro del mercado local, insinuando intereses ocultos detrás de la iniciativa.
En contraste, en el Congreso ya aparecen apoyos significativos. Miguel Ángel Pichetto advirtió que plataformas como Shein tienen un efecto “letal” sobre la industria nacional, y referentes de espacios como la UCR y Encuentro Federal expresaron su acompañamiento. La idea es presentar el proyecto después de las elecciones, con un posible respaldo multipartidario.
