El juez federal de Dolores, Martín Bava, intimó al Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo a entregar, en un máximo de cinco días hábiles, el expediente completo del decreto 179/2025 que autorizó un crédito de 20.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La resolución se dio en el marco de un amparo presentado por la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público (CAIP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denunciaron incumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.
“En una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, el cual establece la presunción de que toda información es accesible”, sostuvo el magistrado en su fallo.
El caso se inició el 27 de junio de 2025, cuando el abogado e integrante de la CAIP, Francisco Verbic, junto a los letrados del CELS Leonel Bazán y Diego Morales, interpusieron una acción judicial contra el Estado para que se declare ilegal la negativa del Ministerio de Economía a entregar la documentación. Según señalaron, la cartera de Caputo dilató el proceso e intentó derivar el pedido a un procedimiento administrativo para evitar cumplir con la normativa vigente.
La resolución judicial ordena al Ministerio y a la Agencia de Acceso a la Información Pública garantizar el acceso a la totalidad del expediente administrativo “EX-2025-24205368- -APN-DGDA#MEC”, incluyendo archivos embebidos, anexos y cualquier actuación relacionada.
Bava enfatizó que la Ley 27.275, sancionada en democracia y con amplio consenso, prevalece sobre la normativa de procedimientos administrativos dictada en gobiernos de facto. En esa línea, recordó que el derecho a la información pública es un derecho humano fundamental y que no requiere acreditar interés especial ni legitimidad: “Se trata de información que pertenece al pueblo de la Nación Argentina, no al Estado”, señaló, citando jurisprudencia de la Corte Suprema.
