Los incendios activos en la Patagonia se colocaron en la primera plana de la agenda nacional por la gravedad de los mismos y su prolongación por estas semanas. La urgencia es tal que el Gobierno reunirá este mediodía a la mesa chica de funcionarios para determinar si impulsará la Emergencia Ígnea en el Congreso, algo que fue presionado en los últimos días por los gobernadores sureños, quienes creen que puede salir a través de un DNU.
Antes de que se determine qué decisión política se tomará, este jueves a la madrugada se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, dirigida por Alejandra Monteoliva, la cual establece una serie de medidas para el fortalecimiento del financiamiento del sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país.
Según la resolución, las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, como entes de primer grado, recibirán un total de $100.810.319.998,50. Este monto se distribuirá entre 1.062 asociaciones, con una asignación de 94.924.971,75 pesos para cada una. Los fondos están destinados a la adquisición de equipamiento, materiales, equipos de vestuario y otros elementos necesarios para la lucha contra el fuego y la protección civil, además del mantenimiento de dichos recursos.
Las entidades de segundo grado provinciales, que agrupan a las federaciones provinciales, percibirán $7.754.639.995,93. La distribución se realizará según la cantidad de entidades afiliadas informada por cada federación, y los recursos se destinarán a gastos de funcionamiento, representación y cumplimiento de obligaciones legales. Además, se asigna otro monto igual, 7.754.639.995,93 pesos, para programas de capacitación de bomberos voluntarios y directivos de las mismas instituciones, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nacional N° 25.054.
La resolución fue firmada el martes pasado por la tarde. En esa misma jornada, los gobernadores de la Patagonia le solicitaron formalmente al Congreso de la Nación el tratamiento de una Declaración Nacional de Emergencia Ígnea.
