Las inmobiliarias rurales de la Patagonia no perdieron el tiempo. Durante la ventana de 10 días que la Corte Suprema habilitó, entre fallo y fallo, la venta sin límites de las tierras rurales, una inmobiliaria de Chubut aprovechó para ofrecer miles de hectáreas con lago privado, kilómetros de costa sobre el Río Pico y una cascada. La publicación, que fue expuesta por el Observatorio de Tierras, no es la única, y se presenta como un caso testigo en la previa de la sesión que debatirá el rechazo del DNU 70/2023. El Gobierno sabe que la Ley de Tierras es su flanco débil, y se prepara para hacer una contrapropuesta.
“Exclusivo campo de 2.943 hectáreas con lago privado, 16 km de costa sobre el Río Pico y extraordinario potencial productivo, forestal y turístico”, reza la publicación de la inmobiliaria Loma Alta Propiedades. La publicación estuvo disponible durante dos semanas: desde el martes 29 de septiembre –cuando la Corte Suprema revocó la sentencia que había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 del DNU 70– hasta este martes, cuando el Observatorio de Tierras expuso el caso en su último informe. Cuando el caso escaló, la inmobiliaria eliminó la publicación.
Según revela el informe del Observatorio, la inmobiliaria creó un perfil de Instagram tres días antes de la publicación del primer fallo de la Corte. En la primera publicación, del 26 de septiembre, se presentan del siguiente modo: “Confianza para invertir en la Patagonia. Te ayudamos a encontrar el campo o la propiedad rural que estás buscando, con acompañamiento en todo el proceso”. Ya en la tercera publicación, subida después del primer fallo de la Corte, la inmobiliaria llama a aprovechar la ventana de oportunidad y brinda información sobre “todo lo que un inversor extranjero debería saber”.
La misma inmobiliaria aclara, en sus redes sociales, que la eliminación de los topes establecidos por la Ley de Tierras puede cambiar y ofrece poner a los interesados en contacto con abogados y escribanos para que los asesoren sobre las condiciones legales vigentes al momento de la compra. “Incluida la zona de frontera”, aclara la publicación de Loma Alta, dando cuenta de uno de los puntos principales que la derogación de la Ley de Tierras había habilitado para los extranjeros: posibilidad de comprar tierras en zonas de frontera y en áreas que contengan grandes cuerpos de agua o sean ribereñas de ellos.
“Esto es solo la punta del iceberg. No sabemos si la operación se concretó, pero da cuenta de que las inmobiliarias estaban al tanto de que en ese momento no existía una legislación y podía concretar esas operaciones”, aseguró Matías Oberlín, doctor en Historia y uno de los investigadores que elaboró el informe del Observatorio de Tierras.
Oberlín advierte que el problema es el DNU 70, y que el último fallo de la Corte, que volvió a suspender la derogación de la Ley de Tierras, solo “lo ata con alambres”. “Es una suspensión provisoria, por lo cual en cualquier momento se puede volver a abrir una ventana temporal. Tenemos que hacer caer el DNU 70, es la única vía para recuperar una ley que proteja nuestros lagos y nuestras zonas de fronteras y cuide el patrimonio de todos los argentinos”, insiste, en diálogo con elDiarioAR.
La contrapropuesta del Gobierno
El Gobierno respiró con tranquilidad cuando, el viernes pasado, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, convocó a dos conjueces a un acuerdo extraordinario y dictó una nueva medida cautelar interina que restableció los límites a la venta de tierras a extranjeros. El primer fallo, pese a sintonizar con los objetivos originales del megadecreto desregulador, le había abierto la puerta a un problema político de dimensiones incalculables. La oposición había convocado una sesión para rechazar todo el DNU 70 con la excusa de la Ley de Tierras, y el Gobierno necesitaba desactivarla.
El segundo fallo de la Corte fue un salvavidas político gestionado por el propio Gobierno. Inmediatamente después de que se comunicara la nueva cautelar, el oficialismo salió a instalar que el debate por el rechazo del DNU 70 había quedado trunco y pasó a la ofensiva. Martín Menem mandó a convocar una nueva sesión, fechada para el 21 de octubre, con un temario propio que incluía dos iniciativas opositoras: la ley de discapacidad y la ley de endeudamiento familiar. Dos proyectos que están incluidos en la sesión del próximo jueves y cuyo tratamiento el oficialismo necesita garantizar, como gesto a los aliados, de que se podría tratar más adelante.
“Se esconden detrás del DNU 70 porque quieren generar algún tipo de caos. Porque el tema ya está solucionado”, señaló Menem, en diálogo con LN+, poco después.
El objetivo del riojano, ahora, es terminar de desactivar la sesión con la promesa de incluir, en el debate de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una alternativa a la Ley de Tierras. Una de las opciones que baraja Menem, que necesita que los aliados no den quórum en la sesión del jueves, es incluir en el proyecto un artículo que incluya la derogación del artículo 154 del DNU. Sería un giro de 180 grados respecto a la versión original del proyecto de Federico Sturzenegger, que fue la iniciativa que incluyó la derogación de la Ley de Tierras y despertó, con ello, una ola de rechazo cuando se debatió en el Senado. El capítulo de Tierras, finalmente, se borró del proyecto.
El proyecto de Inviolabilidad volverá a activarse este miércoles, cuando el oficialismo lo trate en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. El bloque libertario está negociando con las fuerzas provinciales para conseguir dictamen y la postura que adopten los diputados de Córdoba, Misiones, Tucumán, Salta y Neuquén será un anticipo de su postura durante la sesión del jueves. La oposición los necesita a todos para conseguir quórum: si los aliados se pliegan a la contrapropuesta del Gobierno, la posibilidad de conseguir el número para el jueves será difícil.
“Sigue todo igual. Depende de la calle”, señalan en el peronismo.
MCM/CRM
